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La discusión parlamentaria sobre la reforma de la Ley de Extranjería muestra lo lejos que, en ocasiones, está el Parlamento y la clase política de lo que demanda el grueso de agentes activos de nuestra sociedad.

De las muchas modificaciones de la Ley que han sido ampliamente contestadas, hay dos que son significativas y muy simbólicas.

Una es la ampliación a sesenta días del encierro de personas extranjeras en los Centros de Internamiento, de cara a su expulsión por no tener regularizada su estancia en el país. En este caso puede hablarse de un clamor en contra de dicha ampliación, protagonizada por todo tipo de entidades, plataformas, instituciones y expertos que la clase política se ha permitido el lujo de no oír. Incluso hemos oído cómo desde el partido socialista se ha dicho que ésta era una mera cuestión técnica ¡cuando estamos hablando de la privación de libertad de personas!

La otra hace referencia a los menores extranjeros no acompañados. Desde el primer punto queda clara la intención del gobierno (y de la inmensa mayoría de la Cortes): el Gobierno promoverá el establecimiento de Acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados. Hablando en plata, hay que hacer lo posible para posibilitar su repatriación. Por mucho que, en la mayoría de los casos eso entre en contradicción con el interés superior del menor que es, hasta el momento, la piedra angular de nuestra legislación de menores.

Si la clase política está dispuesta a desvalorizar hasta estos extremos lo que no son sino Derechos Fundamentales, muestra de manera descarnada que la Ley de Extranjería no es otra cosa que el instrumento normativo que sirve para organizar la desigualdad legal de tres millones y pico de personas extracomunitarias que viven en España.

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