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Esos varios miles de chicos y chicas que llegan a nuestro país sin adulto de referencia nos interpelan. Ponen a prueba un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico: la protección del menor.

Muchos de ellos encuentran en los recursos de protección unas posibilidades para salir adelante en su proyecto de vida, que en su país no tenían. Otros muchos, en cambio, se quedan en el camino víctimas del maltrato institucional y del rechazo social.

Pese al aumento significativo de recursos dedicados en los últimos años, es obvio que la mirada del conjunto de agentes que inciden sobre este colectivo es la de la extranjería. En realidad, no los consideramos nuestros menores y, por tanto, en la medida que nos generen alguna incomodidad, lo primero que pensamos es en ponerlos de patitas en la calle, perdón, en su tierra de origen. La mirada más potente, en este sentido, es la del Gobierno español, que lleva años cerrando acuerdos para posibilitar la repatriación de estos menores. La modificación en curso de la Ley de extranjería tiene, entre otras, esta finalidad y en ese objetivo cuenta con el apoyo de las administraciones autonómicas que es a quienes corresponde la competencia de la tutela. Atrás queda el principio básico de supeditar todas las actuaciones al interés superior del menor.

Las administraciones autonómicas, unas más que otras, se rebotan a estos menores cual pelotas de ping pon, dejándoles claro que en ningún sitio son bienvenidos. La fiscalía, en el mejor de la casos, brilla por su ausencia en su labor fiscalizadora del cumplimiento por parte de las Administraciones respecto a sus obligaciones en la protección de estos menores. Es así que el Defensor del Pueblo y las correspondientes instituciones autonómicas son, en la práctica, los únicos valedores de sus derechos. Las dificultades que surgen en la labor educativa y socializadora de estos menores se traduce en la culpabilización de los mismos, haciéndoles responsables únicos de sus conductas y obviando la responsabilidad de la administración y de la sociedad. En los casos en que existen comportamientos antisociales de algunos de estos menores, el tratamiento mediático de los mismos y la mirada xenófoba de muchas gentes, generalizando además dichos comportamientos al conjunto de menores, prenden con facilidad en la opinión pública y refuerzan los factores de exclusión de este colectivo.

Y como no nos gusta vernos en el espejo con esa imagen tan poco agradable y tan contradictoria con nuestros discursos sobre la infancia y sobre los derechos, querríamos que nos los quiten de encima, no tenerlos aquí, interrogándonos. Vana pretensión. Al menos, una cosa sí consiguen, nos hacen sentirnos incómodos.

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