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Tampoco iguales en el derecho a techo

Si el derecho a techo resulta papel mojado para buena parte de la ciudadanía, en el caso de las personas inmigrantes la cosa se torna aún más dramática. Carecen de un colchón socio-familiar. No pueden optar por “no irse de casa” pues ya se han ido. No pueden optar por pedir ayuda económica al entorno, pues, de tenerlo, está igual o peor que ellas. Por norma general tienen peores trabajos, peores sueldos y mayor inestabilidad laboral. Y quien no puede acceder a regularizar su situación se ve de bruces en la economía sumergida, no puede demostrar ingresos (contrato, nóminas, etc.), lo que normalmente es exigido para el alquiler, y no digamos para la compra. Sufren una sociedad donde están muy arraigados muchos prejuicios xenófobos y racistas, y mucho discurso alarmista, que crea el caldo de cultivo para actitudes discriminatorias como el no querer alquilar, o poner peores condiciones para ello, por el simple hecho de ser de otro lugar o tener otro acento u otro tono de piel. Un mercado tan reducido para una demanda tan acuciante lleva evidentemente al caldo de cultivo para el sobreprecio, los requisitos abusivos, la infravivienda, o incluso, en casos más o menos puntuales, el relativo hacinamiento o sobreocupación. Ante este panorama, no pocas políticas públicas de acceso a la vivienda son discriminatorias,… por ejemplo, las tan nombradas ayudas al alquiler para jóvenes excluyen a las personas extranjeras extracomunitarias que carezcan de permiso permanente, es decir, a casi todas. Y basar el acceso a los servicios públicos en el empadronamiento, ignorando las dificultades de acceso al mismo que se relacionan con las dificultades de acceso a la vivienda, crea a su vez numerosas exclusiones, así como la situación propicia para abusos al tener que lograr no sólo una vivienda, sino una vivienda donde empadronarse (que a veces sabemos que no puede ser la misma en que se vive), llegando a crearse otro submercado del empadronamiento, donde el acceso a éste tiene muchas veces un sobreprecio. Y qué decir de la intervención pública ante situaciones de supuestos abusos, política que en el caso de la sobreocupación o infravivienda, con una buena carga de populismo y electoralismo a golpe de noticia más o menos alarmista en la que se llenan la boca con xenófobos términos como “pisos patera”, suele consistir en promover o imponer el cierre de viviendas bajo la excusa de no permitir situaciones de hacinamiento. Si no se crean las alternativas de mejora, estas intervenciones suelen convertirse simplemente en un empeoramiento de las condiciones de vida de quien ya las tiene de por sí bastante malas.

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