nº43 (2008-08-01)
En la segunda semana de julio, en sólo cinco días hemos asistido al drama de dos embarcaciones llegadas a las costas española, en las que varias decenas de personas fallecieron, bien a la llegada, o a las que habían arrojado, ya muertas, al mar. En varios de los casos se trataba de niños. Los comentarios de horror y de compasión han sido la norma. Incluso el presidente del gobierno y varios ministros han declarado sentirse desgarrados. Pues bien, esas mismas autoridades, van a expulsar a todos las personas supervivientes, acabando así de cerrar el círculo de su desgracia. Y no es por aplicar la ley. No. La ley contempla la posibilidad de regularizar a las personas “por razones humanitarias”. Incluso un delegado del gobierno dijo que, en este caso, iban a considerar aplicar tal posibilidad. Pues no. Se ha impuesto el criterio de “firmeza”, al decir del gobierno. El criterio de crueldad. Si en este caso no existen razones humanitarias, lo que eso quiere decir, es que quienes tienen que decidirlo no actúan con criterios de humanidad. Y si esas personas se resisten a ser expulsadas, serán contundentemente esposadas, o inmovilizadas por cualquiera de los expeditivos procedimientos aprobados el pasado año por este gobierno. Entre tanto, la preocupación fundamental de este gobierno sigue siendo que los países africanos hagan de carceleros de sus propios ciudadanos, impidiéndoles salir de sus países o deteniendo y expulsando a quienes transitan por ellos con la intención de llegar a Europa. Y por supuesto, siguen cerradas las vías para la emigración con permiso. Europa pretende huir de su corresponsabilidad en este drama. Por el contrario, aprueban nuevas medidas de encierro y expulsión, como la tristemente famosa Directiva de la vergüenza, rechazada por el grueso de parlamentarios socialistas europeos pero no por los de este Gobierno, que ha sido uno de sus patrocinadores. ¿Hasta dónde se quiere llegar? Las medidas racistas adoptadas por el gobierno italiano para con los gitanos rumanos hubieran sido impensables unos años atrás. Pero se ha perdido toda vergüenza. Cada día se aprueban nuevas medidas que en el pasado formaban parte de los programas de la extrema derecha. La “Francia para los franceses” de Le Pen se ha cambiado por la “España para los españoles” o “Europa para los europeos”, asumidos por la mayoría de las fuerzas políticas, y a partir de ese enunciado van todas las medidas. Y sólo admitiremos a quienes nos sirvan para nuestra economía y, además, los elegiremos. El gobierno español ya ha dicho que va a modificar, nuevamente, la Ley de Extranjería y ampliar el período de encierro en los Centros de Internamiento. Que sepa que va a contar con la oposición de quienes no estamos dispuestos a colaborar con unas políticas que obvian lo más elemental: que quienes llegan hasta Europa para ganarse la vida y tener un futuro son personas y han de ser tratadas como tales, con todos sus derechos.
Ante la agresión sufrida por una mujer en el Metro de Bilbao, SOS Racismo-Bizkaiko SOS Arrazakeria desea manifestar lo siguiente:
Cerillas electorales. Apaguemos los discursos electorales que encienden fuegos racistas.Capítulo 5. El miedo de Duran i Lleida (CIU) a que la población extranjera tiene más hijos e hijas que los autóctonos amenaza la catalanidad del territorio. El videojuego "inocente" del PP para eliminar personas inmigrantes indocumentadas y otras perlas. SOS Racisme
El derecho a una vivienda dignaAnte la muerte de dos jóvenes en Santurtzi, carta de Ainhoa Madariaga, integrante de SOS Racismo-Bizkaia
En las fronteras de Europa. CONTROLES, CONFINAMIENTOS, EXPULSIONES.Informe MIGREUROP 2009-2010
SOS Racismo de GipuzkoaQuiénes somos. Qué hacemos. Conócenos y échanos una mano contra el racismo. Memoria 2009
Ver, oir y leer Gipuzkoa Solidaria600 personas se dieron cita en el Kursaal donostiarra para celebrar el reconocimiento a las personas inmigrantes que forman parte de Gipuzkoa
Escucha el Informe Anual de SOS Racismo 2010Mikel Mazkiaran presentó el Informe Anual 2010 en Radio 3
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Las mujeres inmigrantes están sometidas a una doble violencia, la ejercida por el maltratador y la discriminación a la que se ve abocada en la legislación, que prima su condición de inmigrante sobre la de víctima