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Desde 1985, la Cimade garantiza una presencia asociativa y ejerce una misión de acompañamiento de personas extranjeras en trámite de expulsión en los lugares de retención. Único representante de la sociedad civil que interviene en ellos diariamente, dan testimonio de la realidad en estos lugares de privación de libertad. Es lo que hacen con la publicación del séptimo informe anual que puede consultarse íntegramente en: http://www.cimade.org/publications/5 Tras la reforma de la retención administrativa en 2003, la Cimade denuncia la transformación del dispositivo de retención en Francia y su “industrialización”. La retención es, en principio, una figura que permite a la Administración detener a una persona extranjera, antes de expulsarla, en locales no penitenciarios. Esta privación de libertad, controlada pero no decidida por la administración judicial, debía ser algo excepcional y no durar más allá del tiempo estrictamente necesario para organizar la expulsión. La prolongación del período máximo de retención (de 12 a 32 días), el aumento tanto del número como del tamaño de los centros de retención –el número de plazas de retención administrativa se ha duplicado desde 2003- y las cuotas fijadas por el ministerio del Interior a las prefecturas para expulsiones han transformado la naturaleza misma de este dispositivo. La retención se ha deslizado, poco a poco, hacia una lógica de internamiento, transformando progresivamente estos lugares en campos de internamiento. La apertura de nuevos centros de retención lo confirma. La configuración misma de estos edificios, su tamaño, la omnipresencia de cámaras de vigilancia, la reducción extrema del contacto humano, hacen de estos centros de retención un universo carcelario que oculta su nombre. El desprecio a la dignidad de las personas y la falta de humanidad se han convertido en algo cotidiano en los centros de retención; se ha puesto en pie una máquina de expulsión sin consideración –o muy poca- por las vidas humanas. Examen superficial de las situaciones individuales en los servicios prefectorales, incapacidad o rechazo de las administraciones a reexaminar situaciones que presentan errores manifiestos, procedimiento acelerados y decisiones precipitadas, sin la seriedad y la atención indispensables para una buena justicia de las situaciones presentadas ante las jurisdicciones. Tantos elementos que conducen cada día al confinamiento en retención y a menudo a la expulsión de padres de hijos franceses, mujeres embarazadas, enfermos, ancianos, solicitantes de asilo. El sufrimiento de estas personas está a la altura de la violencia que se ejerce contra ellas. El origen de esta deriva es conocida, es una lógica éticamente inaceptable desde el momento en que se trata de expulsar a personas y, en el fondo, una lógica absurda: conseguir unas cifras, cada vez mayores, para ofrecer carnaza a la opinión pública. La opción se adoptó a partir de 2003 como una respuesta exclusivamente represiva a las cuestiones planteadas por la inmigración. Los parlamentarios han votado cuatro leyes en cinco años, reformando en un sentido siempre más restrictivo la legislación de extranjería. Esta sucesión de disposiciones, cuyos efectos concretos han sido poco o mal previstos, y para los que nunca se habilita el momento de hacer balance, aparecen como una sucesión de medidas espectaculares. Esta voluntad publicitaria es la más visible en el tratamiento de la expulsión de personas extranjeras en situación irregular. Ha llevado a la adopción de objetivos cuantificados de expulsiones enunciados por los sucesivos ministros de Interior y asignados a cada prefecto. Ahora bien, que Francia expulse anualmente 15, 20 ó 25.000 extranjeros no cambiará nada fundamental –y los responsables político los saben perfectamente- en relación al control de flujos migratorios deseado por los poderes públicos. ¿Qué eficacia pueden tener estas expulsiones cuando millares de personas arriesgan su vida, y a menudo la pierden, huyendo de conflictos bélicos, de la opresión o de la miseria para llegar a Europa? ¿Cómo y en nombre de qué se impedirá a unos y otros a vivir en familia, junto a sus hermanos y hermanas, sus parejas, sus hijos? Hemos alertado –junto a otros- continuamente a las autoridades y a la opinión pública sobre las injusticias y las derivas inherentes al principio mismo de una política de cifras en materia de expulsión de personas. El drama reciente de Amiens, donde un niño ha resultado gravemente herido al intentar escapar a la detención de su familia en su domicilio de madrugada, es su dramática consecuencia, pero perfectamente previsible. Mucho antes de este drama, la prensa se ha hecho eco ampliamente de la indignación y, en ocasiones, revuelta de ciudadanos confrontados bruscamente a las consecuencias prácticas de esta política de expulsión de extranjeros. Detenciones domiciliarias, redadas en algunos barrios, citaciones tramposas en la prefectura, detención de menores en la escuela, citaciones sistemáticas y detenciones de extranjeros en trámites de matrimonio con franceses, violencia policial, estos métodos indignos de un Estado de derecho deslegitiman la acción de la Administración y han llevado, en múltiples ocasiones, a protestas ciudadanas contra la violencia utilizada para embarcar a extranjeros, contra controles de identidad manifiestamente discriminatorios, o a oponerse a la detención de menores a la salida de la escuela. Algunos son perseguidos por ello, acusados de haber cometido un delito de solidaridad. También en el extranjero han tenido lugar reacciones de incomprensión, incluso de hostilidad, como en mayo de 2006 en Mali, con motivo de la visita de Nicolar Sarkozy, entonces ministro del Interior, o más recientemente en Guinea, en agosto de 2007, con motivo de la expulsión de dos guineanos sin papeles. Nos gustaría poder decir que este desvelo ciudadano ha llevado a los poderes públicos a cambiar –o al menos a corregir- su visión y su política. No parece ser el caso. El tratamiento de la situación de las familias sin papeles lo ilustra: la emoción y la movilización en torno a la actividad de la Red educación sin fronteras (RESF), suscitada en particular por la suerte de los menores escolarizados de familias sin papeles en Francia, han llevado al ministerio del Interior a adoptar dos circulares: una preveía una moratoria en la expulsión de familias que tienen hijos escolarizados (curso escolar 2005-2006), la segunda en verano de 2006 preveía una posibilidad de regularización de las familias. Las instrucciones dadas por el ministerio a las prefecturas a fin de que limiten drásticamente el número de regularizaciones concedidas en base a la segunda dan a entender que estas circulares estaba destinadas, sobre todo, a intentar apaciguar la opinión pública, pero no a romper con una lógica absurda e implacable de detención y expulsión de las familias. Tras el examen de los dossieres abiertos se constata una canalización de la retención y de la expulsión de menores. El encarnizamiento, a finales de 2006, desplegado para la expulsión en un avión especial de la Policía de Fronteras, de la familia Raba, instalada en Francia desde hace 5 años, y de sus tres hijos escolarizados, es un claro ejemplo del empecinamiento y la desmesura de medios utilizados para expulsar a una familia que estaba perfectamente integrada. Las recientes declaraciones de los máximos responsables políticos plantean siempre como un prioridad para Francia la represión de la inmigración irregular. Es lo que ocurre en toda Europa, pues a nivel de la Unión Europea se negocia desde hace meses la elaboración de una directiva sobre la expulsión de extranjeros irregulares. Este proyecto de directiva –denominado púdicamente “directiva de retorno”- suscita en este momento la mayor inquietud en cuanto a la duración prevista para la retención, a la ausencia de garantías jurídicas de las personas o a la protección de las personas vulnerables. Hay que lamentar que, tanto por sus manifestaciones como por sus actos, Francia parece muy poco dispuestas a resistir a esta tentación generalizada en Europa de recurrir al encierro como modo de gestión de los extranjeros, y a hacer pasar como pérdidas y beneficios varios de los principios esenciales de las democracias europeas. Escogida, padecida, o cualquiera que sea su calificativo, la inmigración es una realidad histórica y los movimientos de población no cesarán. Lo urgente para nosotros no es saber si hay que expulsar poco, mucho o nada, sino recordar que toda política se juzga, en primer lugar, por su capacidad de hacer respetar la dignidad de las personas a las que afecta. El año 2006 no habrá mejorado, en ese sentido, la situación de las personas extranjeras sin papeles, todo lo contrario.

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