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Ocurrió. Era de temer. España se suma a la ominosa lista de países europeos que acaban con la vida de una persona al intentar expulsarla en avión. En 1998, en Bélgica, Semira Adamu, solicitante de asilo nigeriana, de 20 años, murió asfixiada con un cojín con el que los policías intentaban callar sus gritos. En 1999, en Austria, Marcus Omofuma, solicitante de asilo nigeriano, de 25 años, muere asfixiado tras cubrirle los policías la boca con cinta adhesiva. En 1999, en Alemania, el fallecido era Aamir Ageeb, de 30 años, solicitante de asilo sudanés, muerto por asfixia tras colocarle los policías un casco y obligarle a mantener la cabeza entre las rodillas mientras despegaba el avión. En 2003, en Francia, moría Mariame Getu, solicitante de asilo somalí, de 25 años al ser inmovilizado en el avión por los policías. El pasado 9 de junio, Osamuyia Aikpitanhi, nigeriano de 23 años y sin papeles, falleció cuando era deportado a Nigeria, bajo custodia policial, en un avión de Iberia en cumplimiento de una orden de expulsión. Hay una investigación judicial abierta, de la que pueden derivarse responsabilidades penales. Pero más allá de la actuación de unos funcionarios, estamos ante una consecuencia, nada casual, de una política de extranjería que tiene en las expulsiones una fijación casi obsesiva. El ministerio del Interior la ha fijado entre sus prioridades, de forma que el pasado 2006 fueron 324 los vuelos fletados con tal fin. La Administración es responsable de la integridad física de las personas que están bajo su custodia y ha de actuar respetando los derechos humanos de dichas personas. ¿Alguien se imagina la reacción oficial si la persona muerta hubiera sido ciudadana española expulsada por las autoridades de inmigración de otro Estado? ¿O va a ser que los derechos humanos son privativos de las personas blancas, occidentales y ciudadanas de un país del Primer Mundo?

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