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Es bien sabido que la doble condición entre menores y extranjeros, es la que configura el tratamiento a los menores no acompañados. La contradicción que estos jóvenes y adolescentes representan para nuestros sistemas legales y nuestros Estados del bienestar provoca una tensión que no siempre avala la condición del menor como tal, ocurriendo que el propio Estado legitima prácticas contrarias a derechos y vulneradoras de los derechos fundamentales. El escenario por antonomasia donde cede la tensión son las repatriaciones y/o reagrupaciones familiares, que se llevan a cabo sin garantías. En este artículo vamos a profundizar en cómo se están llevando a cabo estas llamadas “reagrupaciones familiares” de menores no acompañados de origen marroquí y qué mecanismos se han puesto en marcha en Marruecos a lo largo de 2006. Estos mecanismos utilizan la cooperación al desarrollo como vía de obtención de recursos, pero pervierten el propio sentido de la cooperación, al esconder un objetivo contrario al propio desarrollo de los beneficiarios, en este caso los menores migrantes.

El 23 de diciembre de 2003 se firma en Madrid el Memorandum de entendimiento entre España y Marruecos para la repatriación asistida de menores no acompañados. En 2005, desde la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), se anunciaron dos medidas, la conversión del Memorandum en un Acuerdo Bilateral (que aún no se ha materializado) y la creación de centros en Marruecos para aplicar la repatriación asistida recogida en este documento. En enero de 2007, HRW (Human Rihgts Watch) en una carta enviada al presidente del gobierno le insta a “que incorpore en el futuro acuerdo de readmisión todas las garantías legales pertinentes de acuerdo a la legislación internacional y española aplicable”.

Sobre la segunda medida, la creación de los centros, señalamos que el MTAS, con la colaboración de la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) y en el marco de dicho acuerdo, está promoviendo la construcción de dos centros para reagrupar menores, uno en Nador y otro en Beni Mellal, por una cuantía aproximada de 2 millones de euros. Además, la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, financiados por el programa AENEAS, construirá dos centros para repatriar menores, uno en Tánger y otro en Marrakech, por una cuantía de 3 millones de euros. El centro que se está rehabilitando en Tánger se encuentra en la provincia de Fahs-Anjra, en la comuna rural de Tleta Tagram. Son unos antiguos cuarteles militares españoles, abandonados tras el final del Protectorado. Están situados a las afueras de Tleta Tragram, justo en el puerto de montaña que conduce a Bel Younes. Está cerca de la frontera del Tarajal y de Ceuta y del nuevo Puerto-Med que se está construyendo en Ksar Seguir. Son zonas de paso y poco habitadas donde no parece que existan suficientes elementos para que los menores se socialicen (sus familias, amigos, colegios, zonas verdes, asociaciones de jóvenes). Por su ubicación geográfica en un cruce de fronteras, parece pensado más que para acoger a los menores, para invitarlos a una nueva migración.

Por otro lado, la Generalitat de Catalunya, también financiados por el programa AENEAS, abrirá cuatro pisos para repatriar menores a Tánger, por un cuantía de dos millones de euros. Siete millones de euros en total, para construir o rehabilitar cuatro centros (Tánger, Nador, Beni Mellal, Marrakech) y poner en marcha cuatro pisos en Tánger, con una capacidad máxima entre todos de 200 menores repatriados aproximadamente. En cooperación al desarrollo, el impacto de desarrollo de un proyecto se mide dividiendo el presupuesto entre el número directo de beneficiarios. Si hacemos la cuenta y dividimos esos 7 millones de euros entre los posibles 200 menores repatriados, la cuenta nos sale a 35.000 euros/menor. Un cifra que refleja el precio político que estos proyectos están dispuestos a afrontar. Si, además, tenemos en cuenta los criterios que se utilizan en cooperación al desarrollo veremos que, en relación a la pertinencia, estos proyectos no responden a las prioridades de las políticas públicas de protección de Marruecos, de hecho en SEFEPH máxima entidad en política pública de protección no es contraparte en ninguno de los centros. O pensando en la eficiencia, dudamos si son razonables estos costes y estos medios para el número de beneficiarios. Podíamos evaluar además la eficacia, es decir, si realmente las actividades previstas vienen a responder a las necesidades de estos menores, la mayoría repatriados en contra de su voluntad. O la viabilidad de estos proyectos, donde la contraparte marroquí, en la mayor parte de los casos, es la Entraide National, y no cuenta con medios para garantizar un adecuado funcionamiento. En cuanto a la participación de los beneficiarios en la identificación del proyecto, no sólo es que no hayan participado, sino que el proyecto va en contra de su voluntad, ya que los menores no desean ser “reagrupados”. Además, para que la reagrupación se ajuste a derecho y a la Convención de los Derechos del Niños ratificada por España y Marruecos, el menor debe ser escuchado, la repatriación debe serle notificada y el menor debe tener derecho a una asistencia letrada, para poder defender sus intereses como menor. Nada de esto parece tenerse en cuenta en estos proyectos. Otra gran crítica de estos proyectos, es la inexistencia de una coordinación real sobre el terreno, dejando en manos de las CC.AA y de sus intereses políticos, la responsabilidad de poner estos centros en Marruecos y de “experimentar” con las vidas de los menores.

Las repatriaciones deben tener como fin único y primordial salvaguardar el interés superior del menor. Durante el año 2006, lo que el Colectivo Al Jaima ha constatado en Marruecos es que en ninguna ocasión, en las reagrupaciones que se han llevado a cabo, se ha salvaguardado el interés superior de estos menores. A grandes rasgos podemos enumerar una serie de elementos comunes en estas reagrupaciones familiares:

• La reagrupación familiar no es notificada, el menor no es escuchado, ni su opinión tenida en cuenta.

• El menor no tiene derecho a una tutela judicial efectiva.

• Las reagrupaciones se llevan a cabo sin informar a los menores ni sus familias.

• La decisión es tomada de forma discrecional, ya que no se lleva a cabo el pertinente informe social para evaluar la situación.

• En algunas CC.AA, la policía viola el domicilio del menor al entrar de madrugada en los centros de acogida para llevárselos directamente al aeropuerto.

• Los menores quedan en absoluta desprotección en su país, algunos vuelven a intentar emigrar y terminan en la calle.

• La situación familiar no es documentada conforme al artículo 92 del Real Decreto 2393/2004

• Los menores son entregados a la policía de frontera. Además, en el año 2003 entró en vigor la Ley nº 02.03 de 11 de noviembre de 2003 relativa a la migración irregular. El artículo 50 de esta ley castiga (sin distinguir los menores de los adultos) con una multa de 2.000 a 10.000 dirhams y uno a seis meses de prisión, o sólo una de estas penas, sin perjuicio de las disposiciones del Código Penal aplicables en la materia, a toda persona que abandone el territorio marroquí de forma o se introduzca en él de manera clandestina. Ocurre que a los menores reagrupados se les aplica esta ley y, a pesar de ser menores, son enviados por el procurador del rey al juez, que los juzga y en ocasiones los emplaza a los centros de salvaguarda (que son centros de reforma) o se les sanciona con una multa, que no pagan porque su familias no pueden hacer frente a estos gastos. La reagrupación provoca la criminalización de estos menores en Marruecos, tratados como pequeños criminales. Ante tan complejo panorama, parece más que evidente que la voluntad política de llevar a cabo centros de repatriación de menores en los países de origen corre el riesgo de ser una propuesta fallida. Entendemos que promover las repatriaciones como forma de intervención social en este contexto migratorio obedece más a una lógica de control de flujos migratorios y no a una lógica de protección de la infancia y menos de cooperación al desarrollo. La creación de centros para repatriar menores no son proyectos contextualizados, en cuanto que no cuentan con un análisis de las causas estructurales que condicionan la migración multicausal de estos menores, migrantes precoces. Como señala Bargach (2005), un proyecto contextualizado es un requisito indispensable para todo interviniente en procesos humanos preocupado por el rigor a la hora de plantear tanto el estudio y la comprensión, como la elaboración de una metodología de intervención en dichos contextos. Tanto es así, que el interviniente que no contemple el fenómeno en su globalidad y complejidad, corre el riesgo de incurrir en generar “soluciones” o respuestas mutilantes e incluso perversas es decir, contrarias a los fines propuestos. Esta migración precoz, pone de relieve (Bargach 2005) unas familias carentes de instrumentos para realizar el proceso de socialización de los menores y estigmatizadas por los poderes públicos como “familias desestructuradas”; unos menores privados del derecho fundamental a saberse protegidos y un Estado que delega las cuestiones fundamentales relacionadas con la intervención social a organizaciones no gubernamentales o supragubernamentales. Estos colectivos de menores potenciales migrantes son “invisibles”. La emigración, por lo tanto, es una manera de “protestar”, de “rebelarse” ante la situación de marginación y olvido que sufren. La creación de estos centros será una forma de confirmarles en su imaginario que “tienes que emigrar para existir, tienes que emigrar para que tengas en tu propio país derechos que nunca tuviste antes de emigrar” y por lo tanto, una forma de “propiciar la propia migración de otros menores que estén en Marruecos”. Este mensaje viene a consolidar el imaginario colectivo de la migración como forma de promoción social, viniendo a verificarlo y reforzarlo. Si los menores emigran es por la falta de un horizonte esperanzador, por lo tanto, sólo apostando por la creación de un horizonte real de bienestar y promoción social para estos chavales y para sus familias se puede llevar a cabo una intervención preventiva, todo lo demás son intervenciones limitadas.

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