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Todos los políticos contestarán, a voz en grito, que en absoluto. Pero los hechos lo desmienten. Hoy, la política migratoria de España, y de la UE, no quiere permitir el acceso de negros ni de moros. Así de claro. Y las cuentas son claras.

Soledad Gallego-Díaz, titulaba, el pasado 14 de julio, una excelente columna periodística en El País: Cuentas contra cuentos. Citando al consejero de Empleo, recordaba que si se mantiene el ritmo de crecimiento de la Comunidad de Madrid, su mercado laboral necesitará en los próximos cuatro años la incorporación de medio millón de nuevos trabajadores. Sólo en Madrid. Y el mismo día que el consejero anunciaba que Madrid necesita 500.000 nuevos trabajadores, la consejera de inmigración de la misma comunidad se quejaba de que 8.000 africanos llegados a Canarias hayan sido trasladados a la capital.

Y es que los datos económicos son contundentes: sigue habiendo una demanda impresionante de trabajos sin cualificar, que son los que cubren las personas inmigrantes. Vienen porque aquí se les necesita para cubrir esos puestos de trabajo. En vez de organizar la llegada de esos cientos de miles de personas del continente africano, que desean venir a trabajar aquí, y a quienes necesita la economía española, organizando una auténtica política de concesión de visados a los países de origen, se hace todo lo contrario. Se mantiene una cerrazón absoluta. África es el único continente en el que se exige visado a todos los nacionales de todos los Estados africanos para poder viajar a la UE. Y, a renglón seguido, se les niega el visado a la inmensa mayoría de quienes inician los trámites de solicitud. Y quienes, como consecuencia de esas políticas, se ven forzados a intentar la travesía en condiciones dramáticas, en pateras o en cayucos, se enfrentan a un dispositivo más propio de un conflicto bélico, en el que son movilizados recursos europeos de control por tierra, mar y aire. Seguirán llegando, seguirán muriendo y seguirán siendo expulsados. Son negros, son africanos.

La frenética actividad de la diplomacia española en estos meses ha intentado convencer a los gobiernos africanos implicados para que se empleen a fondo para atajar la salida o el paso de inmigrantes hacia la UE. Y para eso vale todo. En la frontera de Ceuta y Melilla, la policía marroquí sigue disparando y matando inmigrantes. En el desierto del Sahara siguen siendo abandonados inmigrantes que ningún país quiere admitir. Mauritania recibe patrulleras y dinero para sus gobernantes a cambio de la promesa de que construirán centros de detención para los inmigrantes que hasta allí lleguen, Senegal… ¿Dónde quedaron las manifestaciones gubernamentales que hablaban, hace ya meses, de organizar un auténtico Plan Marshall para África?

Y si, aún así, el gobierno no consigue expulsar a varios miles de los inmigrantes africanos que llegan, los abandona en la calle, con una orden de expulsión de forma que no puedan trabajar legalmente. ¿Qué es eso sino condenarlos a una muerte civil y empujarlos a tener que aceptar trabajos en condiciones de explotación o a los márgenes de la exclusión social?

Para terminar, nos sirve el final de la columna antes citada. En España, en estos momentos, los inmigrantes subsaharianos suponen menos del 5% de un total de 3,7 millones. ¿A qué tanto miedo?

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