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Se cumplieron los peores presagios. El cambio de gobierno, que trajo aires nuevos en algunos terrenos, se detuvo a las puertas de la inmigración. En otras cuestiones se derogaron leyes del PP y se cogió otro rumbo. En cuestiones de inmigración se mantiene la ley acordada en su día con el PP y se ha desarrollado un mal reglamento, a partir del borrador que dejó el anterior Gobierno. Se suele justificar en el consenso alcanzado, pero ningún consenso hará buena una ley injusta, y la Ley de Extranjería lo es. Y lo mismo vale para el Reglamento, aunque en esta ocasión el consenso alcance a los sindicatos mayoritarios y a la patronal. Cuando el sujeto paciente del consenso son “los otros”, las personas inmigrantes, los acuerdos entre los nacionales pueden ser muy amplios, sí, pero también muy injustos.

Con ese “talante” no es de extrañar la regularización que nos han servido. Nuevamente se comprueba que el punto de partida no es la situación en que se encuentren varios cientos de miles de personas inmigrantes. No. Siguen siendo consideradas como fuerza de trabajo, y punto. El paradigma de todo esto lo encontramos en el papel dado al empresariado que será el único legitimado para regularizar a cualquier persona. Pero además, sólo podrá hacerlo en el estrecho margen normativo fijado por el Gobierno, el más excluyente de cuantos procesos de regularización hemos conocido. Y luego viene el correspondiente circo mediático con el que se vende el producto. Pues bien, no hace falta ser particularmente adivinos para pronosticar que este nuevo proceso de regularización se saldará con un nuevo fracaso. Veremos que las cifras de gente que consigue pasar los filtros quedan muy lejos de las que se barajaron al inicio del proceso. El conocimiento de las situaciones concretas de miles y miles de personas que quedaron fuera removerá las tripas de quienes no se nieguen a ver y a escuchar. La llamada “bolsa de irregulares” seguirá conteniendo a centenares de miles de personas que, por mucha posición de firmeza que aparente el Gobierno, no podrán ser expulsadas. Aunque varios miles sí lo serán, ningún gobierno puede pretender expulsar a un millón de personas sin que salten las alarmas democráticas y humanitarias más elementales. A ellas se añadirán quienes, sin duda, van a seguir llegando. Y por todo ello, el gobierno de turno tendrá necesidad de recurrir a una nueva regularización (una más, aunque siempre digan que es la última), aunque entre medio cientos de miles de personas estén condenadas a la irregularidad, con todos los problemas y toda la carga de sufrimiento que ello supone.

Nuevamente hay que recordar aquello de que “Queríamos trabajadores y nos llegaron personas”, y obrar en consecuencia. No han tenido suerte las personas inmigrantes. Tampoco en esta ocasión.

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