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La brecha

La enésima reforma de la Ley de Extranjería supone una vuelta de tuerca más en la precarización de las condiciones de vida de varios centenares de miles de inmigrantes que se encuentran y viven entre nosotros, sin papeles para poder normalizar su situación y sin expectativas de conseguirlos en un futuro. La hipótesis de que este importante número de personas sin papeles vaya a desaparecer con las actuales modificaciones legislativas es tan absurda como la que se nos pretendió vender con la Ley de extranjería actualmente en vigor, por la cual el fenómeno de las pateras iba a desaparecer. En aquella ocasión, se decía que el motivo de la llegada de inmigrantes era una pretendida política de acogida bastante benigna y que el endurecimiento de la misma acabaría con dicha llegada. El único resultado, que todo el mundo sabía de antemano, ha sido que las condiciones de permanencia se han deteriorado enormemente. Es lo mismo que va a ocurrir en esta ocasión. Siendo tan evidente que ésa va a ser, una vez más, la consecuencia parece lógico deducir que es precisamente lo que se busca. Con todo lo duro que pueda parecer dicha afirmación. Pero lo particular de esta modificación legal es que, en esta ocasión se hace en base al acuerdo de las dos formaciones mayoritarias en el Parlamento español, PP y PSOE. Aunque no sea algo sorprendente para quienes seguimos de cerca los discursos y decisiones adoptadas por ambos partidos desde que el PSOE aprobó la primera Ley de Extranjería, allá por el año 1985, sí muestra algo concluyente: el consenso existente, en esta materia, entre la inmensa mayoría de la representación política institucional. Más allá de la utilización partidista de la inmigración como arma arrojadiza en los debates políticos, la realidad es que existe un profundo acuerdo sobre la orientación a seguir a la hora de poner en práctica las políticas migratorias desde la Administración del Estado. Orientación que es abiertamente rechazada por la práctica totalidad de personas de la sociedad civil que, por libre o encuadradas en organizaciones de todo tipo, vienen dedicando su trabajo, afanes y anhelos a conseguir la acogida de las personas inmigrantes en nuestra sociedad en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos. Esta constatación es dura y puede resultar un tanto desoladora pero si, como decía aquél, queremos levantar el culo del asiento, hemos de apoyar los pies en el suelo. Tenemos las fuerzas políticas que tenemos. Luego hemos de dirigirnos, fundamentalmente, a la sociedad, tratar de despertar las energías solidarias que en ella existen y acertar a dar rostro y nombre a las injusticias que en nombre de la ley comete nuestra sociedad hacia personas que son mucho más que una cifra, que una denominación de “ilegal”, que una foto en patera. Eso nos marca el terreno de juego. No el de los foros legislativos. No el de la administración. Ni siquiera el de los foros mediáticos. El terreno es el de la sociedad, a pié de obra. Mostrando de qué personas estamos hablando, a quiénes estamos condenando, cómo la acogida de las mismas es perfectamente posible y necesaria más allá de debates teóricos. Sólo así podremos superar esa brecha existente entre el universo parlamentario y el sector más solidario de la sociedad civil.

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