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Cárceles vergonzantes

La existencia de los llamados Centros de Internamiento para extranjeros son una clara muestra de racismo institucional. La privación de libertad para unas personas que no han cometido ningun delito es una violación tan flagrante de las libertades fundamentales que el texto constitucional dice defender, tanto para nacionales como para extranjeros, que sólo se explica a partir de la consideración de determinados extranjeros como personas de segunda categoría. Porque son extranjeros no comunitarios, y pobres, y en buena parte de los casos, no blancos, no parece importar que, violentando el espíritu y la letra de las leyes, se imponga una medida cautelar penal, la privación de libertad, para asegurar una medida administrativa, la expulsión, en el caso de que ese sea el resultado final del procedimiento incoado. Es evidente que la finalidad principal de la existencia de los Centros de Internamiento no es la de garantizar dichas expulsiones. No hace falta ser muy lince para darse cuenta de que, aun en el supuesto de que una vez decretada la expulsión ésta no pudiera hacerse efectiva de inmediato, por no ser localizable la persona a expulsar, la policía cuenta con grandes posibilidades de volver a localizarla, antes pronto que tarde, dada la situación de precariedad y falta de papeles en que se encuentra. De lo que se trata, con el internamiento, es de inflingir un castigo añadido a un colectivo al que se quiere hacer desistir, por los medios que sea, de su empeño en acceder a la Europa rica para ganarse la vida en ella. Irónicamente además, una medida adoptada para tranquilizar la buena conciencia como es la disposición de que, puesto que no son presos, no sean mantenidos en prisiones, se convierte en su contrario. El resultado ha sido que los extranjeros encerrados en los Centros de Internamiento tienen menos derechos reconocidos que quienes están en la cárcel. Son cárceles vergonzantes. Los Centros de Internamiento han de desaparecer. La igualdad frente a las leyes ha de reconocerse tanto a los nacionales como a los extranjeros que quieran acceder a nuestro país, incluyendo todas las garantías fundamentales que recoge el ordenamiento jurídico.

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